Este viernes 29 de Enero de 2016 saltaba la noticia de que una cadena de clínicas dentales con oficinas en Madrid y Catalunya, cerraba repentinamente sus puertas, causando perjuicios tanto a trabajadores como a los clientes de estos centros dentales.

En cuanto a los perjuicios a los trabajadores, mi compañero Victor nos explica cómo actuar frente a esta situación u otras similares o idénticas (que por desgracia pasan de vez en cuando), en esta entrada.

Referente a los clientes de los centros médicos, podemos encontrarnos con dos vías para proteger sus derechos. Por un lado nos encontramos ante la vía penal, pues este hecho ocurrido puede ser constitutivo de un delito de estafa. Por otro lado, que es el que nos interesa ahora, podemos defender los derechos de los clientes mediante la legislación vigente en materia de defensa de consumidores y usuarios. En la ley de defensa de consumidores y usuarios se nos habla de los servicios defectuosos, es decir, aquellas situaciones en que el prestador del servicio no ha actuado diligentemente o simplemente ha incumplido su parte de la relación contractual y por ende ha causado un daño a su cliente.

Así pues, para analizar qué se puede hacer ante este y otros casos similares debemos en primer lugar alegar el incumplimiento por parte del prestador de servicios, que en este caso es evidente con el cierre de todos los centros sin seguir ningún procedimiento legal que exige la legislación mercantil; en este punto la legislación de consumidores y usuarios obliga al prestador de servicios a probar que su actuación ha sido diligente en todo momento, si no puede acreditarlo se presumirá que el cliente tiene la razón en sus pretensiones. En segundo lugar deberemos acreditar el daño sufrido por el actuar negligente del prestador de servicios, siendo además el ámbito sanitario, como es el caso que analizamos, un sector que requiere de una especial atención en cuanto a que deben garantizar niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y que suponen controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad. Por último hay que establecer un nexo de causalidad entre el actuar negligente del prestador de servicios y el daño sufrido.

Una vez acreditados estos tres extremos conforme a la legislación de consumidores y usuarios, teniendo en cuenta las reglas de carga de la prueba o inversión de la misma, la consequencia será reclamar una cantidad de dinero en concepto de indemnización por los daños sufridos incluidos los morales, con un límite de hasta 3.005.060,52 euros en el caso de que los servicios se hayan realizado correctamente pero que se haya causado igualmente un daño, supuesto que no encaja en el analizado ahora.

Si se ha producido un daño material o evaluable económicamente la indemnización será equivalente a ese monto de dinero. Si el daño es referente a las personas, como es el caso analizado, se deberá examinar caso por caso el daño producido y se deberá determinar su evaluación por un especialista que punturá dichos daños; cada punto supone una cantidad determinada de dinero.

Cabe decir que si en el contrato nos encontramos ante cláusulas que limitan la responsabilidad del prestador de servicios o que directamente pretenda su exoneración, estamos ante una cláusula que debe ser considerada como nula y por lo tanto, como no puesta.

Muchos de los usuarios de estos servicios han necesitado solicitar un crédito para poder sufragar los gastos que suponen. Lo que viene a continuación sirve para todos aquellos créditos que se solicitan para poder adquirir un bien o servicio de consumo. Nos dice la ley de crédito al consumo que por contrato de crédito vinculado se entiende aquel en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos y ambos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo. El consumidor, además de poder ejercitar los derechos que le correspondan frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito vinculado, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al prestamista, siempre que concurran todos los requisitos siguientes:

  1. a) Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados en todo o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato.
  1. b) Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho.

Así pues, será importante que la reclamación extrajudicial se realice mediante burofax para poder probar posteriormente que la misma se ha realizado efectivamente. Pero además, la jurisprudencia entiende que también podemos optar por no hacer nada y que sea la entidad bancaria la que nos demande por la falta de pago del crédito y que podamos ejercitar lo que se llama una excepción de incumplimiento del vendedor, lo que nos permitiría suspender el pago de ese crédito.

En caso de que el servicio haya sido satisfecho parcialmente no se podrá reclamar las cuotas anteriores en el crédito, pudiendo reducir solamente la cuantía en la proporción del incumplimiento en la prestación de servicios. A no ser que esa satisfacción parcial tenga consecuencias de futuro.

Así las cosas, vemos como el consumidor frente a la desaparición del prestador de servicios tiene una protección importante que le va a permitir no sólo recuperar el dinero invertido en ese servicio sino que además podrá reclamar por los daños sufridos tanto materiales como morales.

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Sergi Gil Bezana
Ad Legem Abogados Esplugues
Colegiado nº 2247 ICASF

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