Recientemente ha sido aprobada en el congreso y remitida al Senado para que se continúe su tramitación la que ya es conocida como Ley Anti okupas. Este nuevo texto normativo, pretende, mediante la modificación, entre otras cosas, de ciertos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, agilizar los desalojos de viviendas ocupadas en contra de la voluntad de sus propietarios, fenómeno que ha aumentado en los últimos años.

El primero de los puntos sobre los que se asienta esta nueva ley es la reducción de los plazos judiciales. ¿Cómo se ha propuesto conseguir esto? Se ha ideado un nuevo procedimiento, más ágil que el existente hasta ahora, por el que se deben de resolver en un máximo de 20 días este tipo de procedimiento judicial.

Primero de todo, se deberán de denunciar los hechos, junto con la presentación de las correspondientes escrituras sobre la vivienda ocupada. A partir de este momento, se procederá a notificar este hecho a los ocupantes ilegales de la vivienda en cuestión. Esta notificación servirá para que el procedimiento se lleve a cabo, no sólo contra aquellas personas que en ese momento se encuentren en la vivienda, también servirá para aquellos que en ese momento no se encuentren en la misma. Tras esta notificación los ocupantes deberán justificar con título suficiente su presencia en el lugar. Título suficiente puede ser una escritura de propiedad, un contrato de alquiler, etc…

Así, y con esta intención de reducir al mínimo los plazos judiciales con la que nace la presente ley, por ejemplo, contra el Auto que establece la entrega inmediata de la vivienda no cabe recurso alguno. Otra novedad para conseguir esta reducción de plazos judiciales es que para la ejecución de la Sentencia obtenida en este procedimiento no será obligatorio el paso de 20 días que establece la ley. Si bien cabe esperar que se realicen modificaciones tras su paso por el senado, esta ley ya tiene algunos puntos sumamente polémicos.

Uno de estos puntos polémicos es que la ley distingue entre propietarios que sean personas físicas o la administración o entidades sociales sin ánimo de lucro de aquellas viviendas que sean propiedad de bancos o de los denominados fondos buitre. Esta ley sólo será aplicable a los primeros, por lo que los bancos y los fondos buitre, a los que este tipo de actividad ilegal también les causa numerosos perjuicios están claramente discriminados, habiendo perdido la ley la oportunidad de erradicar, o al menos disminuir, este fenómeno de ocupación, siendo que a la postre tan sólo lo que hará será derivar los afectados por el fenómeno de un tipo de propietario a otro. Si esta ley no es aplicable a los bancos, sus viviendas serán objetivo prioritario de este tipo de delincuencia.

Otro punto también polémico de esta ley es que no establece una necesidad de ofrecer una alternativa habitacional a los okupas. En todo caso se establece que si las partes están de acuerdo se pondrá el afectado en conocimiento de los servicios sociales, los que en siete días deberán ofrecer una solución al afectado.

Este punto es claramente una simple declaración de intenciones. Cualquiera que conozca un mínimo de la realidad de los servicios sociales, se da cuenta que en siete días no se podrá ofrecer alternativa válida por estos. En la actualidad, por ejemplo, en los casos de desahucios por impago de alquiler, muchas veces nos encontramos con clientes cuya situación habitacional está claramente situada en la urgencia más acuciante y, todo y que servicios sociales, antes del inicio del procedimiento de desahucio ( mucho más largo y con plazos más dilatados), es conocedor de la problemática de ese caso en cuestión, casi siempre es incapaz de ofrecer al perjudicado por el desahucio una solución habitacional dentro del tiempo que dura el procedimiento, por lo que cuando hay sentencia, nos sucede muy a menudo que estas personas no tienen dónde ir.

Así establecer este plazo de siete días es claramente un brindis al sol.

La lucha contra los grupos organizados que se dedican a la ocupación de viviendas vacías subyace en el fondo de la aprobación de esta ley. La forma de trabajo de estos grupos consiste en ofrecer viviendas a personas en necesidad previo pago de entre 600 y 1000 euros. La mafia encuentra la casa, le pega la patada a la puerta, cambia la cerradura y entrega una llave a la persona que le ha realizado el pago antes dicho. El problema es que si bien este es el problema que se quiere combatir, lo cierto es que en todo la ley ni en su preámbulo se realizan diferencias entre las viviendas ocupadas por estas mafias de aquellas ocupadas por personas con una necesidad habitacional y que lo hacen por que no tienen otra opción.

Por lo tanto la aprobación de esta ley es una medida claramente beneficiosa para aquellos propietarios que se han visto atacados en su derecho a la propiedad, aunque tenga ciertos claroscuros.

Javier Martínez Martínez
Ad Legem Abogados Esplugues (Barcelona)
Colegiado nº 2240 ICASF

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