A raíz de una reciente sentencia de un Juzgado de lo Social de Barcelona que considera a las prostitutas que ejercen su actividad por cuenta de otro como relación laboral, ha salido de nuevo a palestra las voces a favor y en contra de considerar a las prostitutas como trabajadoras de pleno derecho.

Debemos analizar en primer lugar si la actividad de prostitución es una actividad que pueda encuadrarse dentro de una actividad susceptible de laboralidad por no ser actividad ilícita. Y la respuesta es afirmativa por no ser al menos a fecha de hoy una actividad prohibida por ley siempre que se ejerza de forma voluntaria por persona adulta, si bien en determinados municipios se han aprobado ordenanzas que sancionan el ejercicio de la prostitución en la calle y en Cataluña mediante la polémica ley de carreteras. Cabe traer a colación que España suscribió el Convenio de la O.N.U. de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena que entre otras actividades España se comprometió a castigar a toda persona que “(…) concertare la prostitución de otra, (…), aun con el consentimiento de tal persona”, pero no hay normativa traspuesta que esté vigente en estos momentos. Así las cosas, al ser una actividad lícita pero no regulada, deberemos atender a las circunstancias de la relación que se mantiene entre prostituta y local o empresario para ver si estamos ante una relación laboral, o si por lo contrario estaríamos ante una relación mercantil -en los casos insisto en que no sea delito-.

En este sentido si en la relación profesional existen los elementos propios de laboralidad -artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores-, que son voluntariedad, retribución, ajeneidad y organización, y subordinación a las instrucciones del empresario, estaremos ante una relación laboral, digan lo que digan las partes, por lo que estaría obligado el empresario a aplicar medidas preventivas que aseguren su seguridad, salud e higiene en el trabajo, a otorgar a las trabajadoras vacaciones retribuidas, los festivos obligados por calendario, el descanso obligatorio diario y semanal, un salario mínimo garantizado, y a cotizar por ellas. Por su parte las trabajadoras también cotizarían y tendrían derecho a las mismas prestaciones y pensiones que cualquier otro trabajador. Si, por el contrario, no se dieran tales requisitos, estaríamos ante una relación de carácter mercantil. Esta podría ser la conclusión jurídica del asunto, pero tal y como hemos visto, hay muchos otros factores que no son estrictamente jurídicos y que tiran del carro a la hora de decidir sobre la regulación o no de esta actividad, para algunos la más antigua.

Mucho se ha dicho al respecto en estos últimos tiempos. Por un lado en el 2013 mediante el Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 21 de mayo de 2013 los países de la Unión Europea están obligados a incluir en la medición del P.I.B. el impacto económico de la prostitución, lo que se traduce en España entre 2,5 y 4,5 puntos más. Esta norma abrió de nuevo la polémica sobre este tema. Anteriormente, y en relación con este dato, en el año 2007 en el Congreso de los Diputados se presentó un estudio de la comisión parlamentaria que se constituyó al efecto (http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A367.PDF) en el que se estimó que en España se gastan cincuenta mil millones de euros todos los días en prostitución, que hay unas 400.000 prostitutas y que según datos facilitados por propietarios de clubs de alterne el negocio mueve en España 18.000 millones de euros, y los ingresos por prostituta y año ascienden unos 45.000 euros. Otro extenso estudio realizado esta vez en Europa y por la O.N.U. – Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual– concluye que uno de cada siete mujeres que ejercen prostitución en Europa son víctimas de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Lo que lleva a pensar que pese a ser una proporción elevada, la realidad es que una mayoría la ejercen como una actividad económica más para ganarse la vida. Otro estudio, este del Ministerio de Trabajo del año 2006 indica que la regularización de la prostitución conllevaría un potencial incremento de afiliaciones a la Seguridad Social del 0,6%.

Así las cosas, y de los estudios citados podría pensarse que la regulación de esta actividad ayudaría a los trabajadores del sexo a ejercer con mayor seguridad y garantías, equiparándose a los otros trabajadores en derechos y obligaciones. Además, la prohibición de esta actividad no ha servido de mucho en otros países como en Francia por ejemplo donde la prostitución continúa ejerciéndose. A ello se le debe sumar que no hay nada más eficaz para luchar contra las mafias que la regularización o legalización de la actividad económica a la que destinan sus esfuerzos estos colectivos. La historia al menos así lo ha demostrado, como por ejemplo en U.S.A. con la ley seca, que provocó el auge de determinadas mafias, y donde su legalización fue su fin.

Todo indica por tanto que la legalización de esta actividad sería muy útil para la lucha contra esta delincuencia, pues toda esta actividad afloraría y sería más fácil para estos trabajadores denunciar determinadas situaciones. Por tanto, ¿cuáles son los motivos que arguyen las personas que se postulan en contra de su legalización? Dejamos abierta esta pregunta para debatir sobre el asunto mediante la habilitación de comentarios al pie de esta entrada y también en twitter con el hashtag #prostituciónyley.

Victor Morales Venero

Ad Legem Abogados Esplugues

Colegiado nº 33970 ICAB