La Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, fue promulgada para luchar contra una de las causas principales de muerte de las empresas en nuestro país. Estoy hablando de la falta de pago de los clientes que tenga una sociedad. Entre estos clientes también nos encontramos a las Administraciones Públicas, cuyo procedimiento de reclamación difiere sustancialmente de los establecidos para las reclamaciones entre particulares y que ya he descrito con anterioridad.

Respecto a la reclamación de cantidades adeudadas por la administración, el artículo 3 de la referida Ley 15/2010 establece que ” La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.»

Si seguimos leyendo dicho artículo veremos que finalmente se establece el procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones públicas:

“Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 200.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.»

Una vez presentado este artículo como pieza fundamental en el procedimiento de reclamaciones de deudas ante la Administración, debemos matizar que en la actualidad tenemos dos procedimientos para poder interponer una reclamación de cantidad contra la Administración: Por un lado el previsto en el citado artículo 3 de la Ley 15/2010 y por otro lado, el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulador de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vamos a centrarnos en el procedimiento descrito en la Ley 15/2010 el cual es el más eficiente, desgranando el artículo 3 de esta ley que ya hemos expuesto anteriormente.

Así pues, en el momento del impago por parte de la Administración, deberemos reclamar por escrito el pago de la deuda, así como el pago de los correspondientes intereses de demora, que nunca serán superiores al 15 %. Transcurrido un mes sin que haya una respuesta por parte de la Administración, podremos interponer recurso contencioso-administrativo, en el que podremos solicitar la imposición de medidas cautelares, es decir el pago cautelar de la deuda mientras se resuelve el asunto, el cual será concedido salvo los casos en que no se den las circunstancias que justifiquen el pago o en que la cuantía reclamada no corresponda a la que es exigible. La controversia en este punto viene dada por el hecho de que la redacción de la Ley no deja claro si la Administración podrá oponerse a la medida cautelar demostrando que sí contestó al requerimiento o que no han transcurrido los plazos previstos en la Ley o si, en su caso, podrá invocar otros motivos de oposición relativos al fondo de la relación contractual con el acreedor, como por ejemplo, el incumplimiento del contrato. Serán nuestros Tribunales a través de la Jurisprudencia quienes resuelvan este problema.

La sentencia que se derive de este procedimiento, condenará en costas a la Administración Pública en los supuestos de estimación total de la pretensión de cobro.

Si, por el contrario, en el plazo de un mes la Administración da respuesta a la reclamación interpuesta por escrito estaremos a lo establecido en el procedimiento previsto en el artículo 29 de la LJCA, la segunda vía de reclamación que he comentado antes, que prevé que si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera cumplido su obligación se podrá interponer recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.

Así pues, en el caso de que la Administración deba dinero a nuestra empresa o a nosotros como trabajador autónomo, tenemos un procedimiento bien establecido y delimitado. Eso sí, la recomendación, como siempre es la de tener debidamente documentada la deuda que pretendemos reclamar.

 

Sergi Gil Bezana

Ad Legem Abogados Esplugues

Colegiado nº 2247 ICASF