Introducción.

Muchos de nosotros hemos oído, tanto a amigos como familiares, o en referencia a conocidos, como, tras una caída en la vía pública, estos se han llevado un dineral por las lesiones sufridas, y dicho dineral ha sido abonado por la Administración Pública correspondiente, en estos casos, normalmente, el Ayuntamiento del lugar de los hechos. Parece que dicha indemnización ha sido una cosa fácil y que cualquiera de nosotros que tengamos la torpeza de caer en la calle vamos a ser indemnizados por papá estado. En esta pequeña entrada vamos a intentar analizar, en la medida de lo posible, qué hay de verdad en esta “leyenda urbana”.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la administración?

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas consiste en la obligación que tienen las diversas Administraciones de indemnizar al usuario de alguno de sus servicios por los daños causados por dicho servicio, siempre que los daños sean debidos a una falta de diligencia en la prestación de dichos servicios o una prestación normal o anormal de los mismos. En ese momento, nacerá el deber indemnizatorio de la administración pública. Además el daño deberá ser real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, debe ser imputable a la administración y derivarse de una relación de causa a efecto, de la actividad de aquella, correspondiendo la prueba de la concurrencia de todos estos requisitos al que reclama.

La Doctrina del Tribunal Supremo, los riesgos generales de la vida.

Con carácter previo a verificar si el daño ha sido causado por una actuación normal o anormal de la administración pública, según el Tribunal Supremo, hemos de examinar si nos encontramos ante lo que el mismo califica como los riesgos generales de la vida, que son excluyente de la responsabilidad de la administración o del supuesto causante del daño.

Así el Tribunal Supremo ha venido elaborando una doctrina jurisprudencial bastante sólida acerca del problema de la objetivación del daño, con la finalidad de excluir de los supuestos de responsabilidad a los anteriormente mencionados riesgos generales de la vida. Así por ejemplo en la STS 124/17 de 24 de febrero dice que “ La vida tiene riesgos propios e inherentes, que son aceptados por todos. Es decir, las “desgracias” sí existen…”

En la STS 701/15 de 22 de diciembre dice que: “ No puede apreciarse responsabilidad en los casos en los cuales la caída se debe a distracción del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de la vida, por tratarse de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad, o tiene carácter previsible para la víctima. Así se ha rechazado la responsabilidad por estas razones en las sentencias… ; 2 de marzo de 2006 ( caída de una persona que tropezó con una manguera de los servicios municipales de limpieza que no suponía un riesgo extraordinario y era manejada por operarios con prendas identificables).

De esta Doctrina debe deducirse que no todo evento daños puede imputarse al pretendido causante, pues debe valorarse la interferencia de la víctima, la previsibilidad y la posibilidad de eludir el siniestro por parte del accidentado con una diligencia normal.

El caso concreto de las caídas en aceras y calzadas.

Según la STSJCat de 1 de diciembre de 2016 recuerda que: “ Respecto a la responsabilidad patrimonial de la Administración, en relación con el estado de conservación de las aceras y calzadas este Tribunal ha afirmado que surge, cuando el obstáculo en la calle supera lo que es el normal límite de atención exigible en el caminar, teniendo en cuenta que no es posible reclamar una total uniformidad de la vía pública. Lo exigible es que el estado de la vía sea lo suficientemente uniforme como para resultar fácilmente superable el obstáculo o defecto, con el nivel de atención que socialmente es requerible en el caso concreto”

En el mismo sentido, la STSJCat de 27 de octubre de 2016, que confirma también la desestimación de una reclamación presentada por un viandante por razón de una caída que había sufrido, señala que el “ hecho infortunado de tropezar no equivale a una negligencia de la administración de sus deberes de cuidado y conservación y mantenimiento. Es necesario que se acredite la negligencia de la administración o la falta de cuidado en el cumplimiento de sus deberes y que este sea relevante. La acera cumple con los estándares de conservación por más que una determinada zona se haya visto alterada por las raíces de los árboles que levantan la acera puesto que dada la situación de las mismas, son perfectamente visibles y salvables”

Por lo tanto, se le exige al peatón un mínimo de cuidado para andar por la ciudad, no podemos exigir que papá estado nos indemnice y nos pague un dinero, si vamos andando por las calles sin mirar al suelo ni poner atención a los obstáculos que tenemos delante.

Conclusión.

Por lo tanto, después de leer lo anterior, hemos de saber que no toda caída en la vía pública nos otorga, automáticamente, a pedir una indemnización a la Administración, y también hemos de conocer que la mayoría de las reclamaciones presentadas son desestimadas, puesto que se necesita, para otorgar dicha indemnización, que se hayan infringido los deberes de cuidado y de mantenimiento por parte de la Administración y segundo que la persona que ha sufrido las lesiones, acredite que también ha cumplido sus propios deberes de diligencia al andar por la calle.