Hace pocos meses se formalizó y se hizo pública la noticia de la compra de Ono por parte de Vodafone. Dos gigantes de las telecomunicaciones se han unido para crear una macroempresa que ofrezca mejores servicios a sus clientes. ¿o no?.

La comisión europea es el órgano encargado de aprobar las operaciones de esta envergadura y creo que es importante reflexionar sobre qué parámetros trabaja la comisión europea para decidir que dichas uniones son las adecuadas o no.

La primera reflexión que deberíamos hacer es quién sale beneficiado de esta operación. ¿Son los intereses de las empresas los que están en juego o por lo contrario son los intereses de los consumidores los que se pretende proteger?

En el seno de la Unión Europea, la comisión es el órgano ejecutivo, es decir propone legislación pero además se encarga de que esas decisiones legislativas se cumplan. Digamos que en palabras llanas, es el gobierno de la Unión Europea. Así pues, ¿Debe la Unión Europea favorecer los intereses de las empresas frente a los intereses de los consumidores? La respuesta parece claramente que debe ser negativa, pero quizás, indagando un poco, vemos como en realidad esto no es así siempre. ¿Por qué digo que la respuesta debe ser que no tan claramente? Básicamente porque la comisión surge de los ciudadanos de la Unión Europea. Así pues, su legitimación emana del pueblo, de los consumidores, con lo que parece claro que los intereses de estos últimos deben estar por encima de los intereses de las grandes multinacionales.

En un principio desde ambas empresas se nos traslada el hecho de que los principales beneficiarios de esta unión seremos los consumidores finales, pero ¿qué riesgos comporta? Actualmente existen tres grandes empresas, después de esta compra, que son como bien sabemos todos, Telefónica, Orange y Vodafone, con lo que la política de precios en este sector puede verse modificada en detrimento de los intereses de los consumidores. Cierto es que los pactos en los precios está prohibido por la legislación en materia de competencia, pero ¿podrán controlar éste hecho si acabamos en un escenario de gran oligopolio en el sector de las telecomunicaciones? En mi opinión va a ser muy difícil.

La aparición de un oligopolio en el sector de las telecomunicaciones puede llevarnos hacia un estancamiento en la bajada de los precios, propia de un sistema de competencia y una casi nula e inexistente política de ofertas. Así que si tenemos en cuenta que actualmente estas tres empresas copan el 90% del mercado de la telefonía móvil y banda ancha por ingresos y cerca del 80% por clientela está claro que los únicos beneficiados de este tipo de operaciones no son más que las empresas y que gozan del beneplácito de las instituciones europeas, las cuales han sido democráticamente constituidas por los habitantes de la Unión Europea.

Si trasladamos este tipo de operaciones a cualquier sector económico entramos en un marco económico dominado por los intereses empresariales sin tener en cuenta, al parecer, los intereses de los consumidores y sin que los ciudadanos podamos hacer nada, aparentemente, para evitarlo. ¿De qué sirve tener legislación en materia de consumo y protección de los consumidores, si las propias organizaciones elegidas democráticamente actúan en contra de los intereses de los consumidores?

El debate está servido y no es una cuestión sencilla. Pues muchos pensarán que el libre mercado consiste en eso, en que cada uno pueda hacer lo que quiera con su empresa, mientras que otros pensarán que hay intereses que deben ser protegidos y regulados en detrimento de las personas jurídicas. Nosotros os proponemos que lo debatamos todos juntos, como siempre, a través de los comentarios que podáis hacer en esta misma entrada o bien mediante nuestra página de Facebook o el grupo de google+ Club de debates de Ad Legem Abogados.

Sergi Gil Bezana

Ad Legem Abogados Esplugues

Colegiado nº 2247 ICASF