El registro civil se encarga de la inscripción de una serie de supuestos relativos al estado civil, tal y como pueden ser el nacimiento, la defunción, o el matrimonio. Es por tanto un organismo sumamente importante en un estado de derecho, puesto que establece una prueba definitiva sobre lo que en el mismo se inscribe.

A la vista de las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta que la anterior ley del registro civil era del 1951, en 2011 se aprobó una nueva ley del Registro Civil, que pretendía básicamente dos cosas, el establecimiento de las nuevas tecnologías en este organismo, con medidas tales como la supresión del hasta ahora importantísimo libro de familia, la desaparición del papel y el cambio de dicho modelo por un modelo eminentemente electrónico y como segundo punto, esta ley pretendía desjudicializar el registro civil.

El registro civil, históricamente en nuestro país, ha estado vinculado a la administración de justicia y ha sido llevado por los jueces de instancia e instrucción de cada localidad, es decir, en cada localidad uno de los juzgados de instancia e instrucción, tiene, además funciones de registro civil.

Pues bien, uno de los pilares de esta ley, ha sido la desjudicialización de esta situación encargando la gestión a otros funcionarios públicos del estado, ahora bien, sin aclarar a quien nos estamos refiriendo.

 Y como no se especifica a quien nos referimos, abrimos una gran puerta a la inseguridad jurídica, que es lo que ha pasado en este caso, ni más ni menos.

Así, uno de los mejores posicionados para suceder a los jueces en la llevanza de estos registros tan importantes han sido los registradores de la propiedad. Evidentemente, a todos nos gusta cobrar por trabajar, y los señores registradores de la propiedad no iban a ser menos, por lo que en las negociaciones que se establecieron entre ellos y el gobierno, ya se estaba planteando que contrapartidas iban a tener los mismos.

Pero la opinión pública, es decir, los ciudadanos como tú y como yo, lo único que entendíamos de todo esto es que, por unas funciones que hasta ahora eran gratuitas, íbamos a tener que pagar unas tasas. Pequeñas, nos decían, si, pero por qué tengo yo que pagar, aunque sea poco, por una cosa que hasta ahora era totalmente gratuita. Así esta encomendación de la gestión de la llevanza de los registros civiles, se consideró como la primera lanza rota en una batalla en la que los profesionales del derecho, sabemos que nos podremos ver en algún momento: la privatización de la justicia.

El gobierno, juraba y perjuraba que no iba a existir ningún problema, que los ciudadanos no iban a tener que pagar por estos servicios, justo como hasta ahora. Pero estaba solo en esta batalla. Los funcionarios de la administración de justicia, los partidos políticos, la ciudadanía, todos en su contra. Sin embargo, estaban decididos a seguir con esta reforma.

La pregunta que yo me hago, es: ¿Por qué tanto interés? ¿Es necesario, desjudicializar la gestión del registro civil? ¿Por qué?

Los países de nuestro entorno tienen otro modelo de gestión, nos dicen como excusa, ¿Y qué?  Nunca he entendido la necesidad de parecernos a los de nuestro alrededor en todo, y el registro civil, con el que mediante mi profesión tengo contacto habitualmente, funciona, en mi humilde opinión, bastante aceptablemente. Bien incluso, me atrevería a decir. Otra cosa que no entiendo es modificar las cosas cuando estas funcionan bien. Creo que es una mala política.

¿Ustedes quieren mejorar el registro civil? Pongan más medios materiales y personales para ello, no se inventen una nueva forma de gestión, bastante sospechosa para todos, y que no conlleva ninguna ventaja para la ciudadanía, con eso ha de ser bastante. Pero no.

Se puede mejorar el registro civil, seguro, pero ¿pasa dicha mejora por el hecho de que otros colectivos, con vínculos sospechosos con el gobierno (no olvidemos que la profesión de nuestro Presidente es esta, la de Registrador de la Propiedad, y tiene familia con esa trabajo, también) lleven a cabo esta labor, y por lo tanto aumenten su facturación?

Después de los Registradores de la Propiedad, han aparecido otros nombres para dicha gestión, como los Registradores Mercantiles. Estamos en las mismas. ¿Por qué no dárselos a los Secretarios Judiciales? ¿Por qué ese empecinamiento en sacar a la administración de justicia de esta función? ¿No se piensa en la pérdida de puestos de trabajo que esto puede suponer? ¿No se piensa en que se quedarían datos personales en las manos privadas de estos registradores? ¿Qué beneficios se obtienen a cambio de todo ello?

Ahora, repentinamente, y probablemente por estar en año electoral, le ha dado al gobierno por entrar en razón. Ahora dice que no quiere sacar adelante esta reforma sin el consenso del resto de partidos políticos, sin el apoyo de la ciudadanía y sin el soporte del resto de profesionales que de alguna manera tenían que ver con esta reforma. Que van a posponer la vacatio legis de la ley un año más, es decir, retrasan la entrada en vigor de esta reforma.

Mi sugerencia sería: escuchen un poco a los profesionales que están trabajando directamente, cada día en ese ámbito, puesto que ellos son los que mejor saben como mejorar ese sector y dejen de hacer leyes, sobre todo, en todo momento, me asfixia este superávit de leyes, otorguen más medios personales y materiales a las oficinas del registro civil, y no tendrán que cambiar ningún modelo de gestión.

Javier Martínez Martínez

Ad Legem Abogados Esplugues

Colegiado nº 2240 ICASF