Estos últimos días se está poniendo muy de moda un término que no es nuevo. Desde el más que evidente cambio de rumbo en algunos ayuntamientos a raíz de las elecciones del 24 de Mayo, algunos dirigentes alcaldables hablan sin tapujos de la desobediencia de las leyes cuando éstas devienen injustas, lo que varios filósofos han llamado desobediencia civil, el Tribunal Constitucional objeción de conciencia (con matices respecto a la desobediencia civil) y los políticos actuales, inconsciencia.

Pero ¿realmente es inconsciente hablar sobre desobediencia civil hoy en día o debemos tener en consideración lo que grandes personalidades como Thoreau dijeron al respecto?

Thoreau, en su libro Desobediencia Civil, apunta que un gobierno, aunque sea elegido democráticamente, puede generar abusos y es ahí donde las ciudadanos deben desobedecer las leyes que consideren injustas. Este pensamiento viene bien referenciado en las siguientes palabras extraídas de su libro: “Yo creo que debiéramos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo”

La objeción de conciencia no es algo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico pues la Constitución Española de 1978 ya la prevé en el ámbito militar, la cual se encuentra desarrollada por la ley 22/1998 de 6 de julio. Además el Tribunal Constitucional ha fijado los límites que constituyen la objeción de conciencia. Este tribunal ha fijado como requisitos necesarios para la configuración de la objeción de conciencia como un derecho, los siguientes:

1) Existencia de una actitud ética real, seria y basada en un criterio de conciencia religiosa o ideológica que obliga a un sujeto a actuar contra un deber jurídico

2) Presencia de un “deber jurídico válido”

La objeción de conciencia no puede concebirse como una dimisión egoísta y caprichosa que un ciudadano realiza frente al ordenamiento jurídico. Muy al contrario, se ampara en elevadas razones de conciencia que impulsan al individuo, en una decisión que se antoja harto compleja y hasta un cierto punto dramática, a dejar de cumplir un deber jurídico que le impone el legislador.

El hecho que debamos estar ante una norma válida lo fundamenta de la siguiente manera la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009, “si la norma que impone el deber jurídico es inconstitucional o, tratándose de un reglamento, ilegal, por vulnerar lo establecido en una norma legal de rango superior, la respuesta no puede ser nunca la objeción de conciencia, sino la activación de los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para la anulación de normas: el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, frente a las normas con rango de ley; la impugnación directa o indirecta ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las normas reglamentarias”. En pocas palabras, en un Estado democrático de Derecho es claro que la reacción frente a la norma inválida no puede consistir en reclamar la dispensa de su observancia, sino en exigir su anulación

La objeción de conciencia empezó siendo un concepto regulatorio del servicio militar y ha pasado por otras esferas como la práctica del aborto o incluso en el pago de impuestos. No queda muy lejos el hecho de que profesores ejercían su derecho a la objeción de conciencia con respecto a la asignatura Educación para la ciudadanía. Así pues, vemos como la objeción de conciencia, o desobediencia civil, aunque no siempre se permita, abarca los ámbitos más importantes del ser humano y de la convivencia en sociedad.

Nos encontramos pues ante un conflicto jurídico interesante pues por un lado tenemos la obligatoriedad del cumplimiento normativo o lo que muchos juristas consideran un principio básico en un estado Derecho como es el Principio del Imperio de la Ley y por otro lado, esto último entra en conflicto con la libertad de conciencia individual, una libertad que se configura, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, como un derecho fundamental. Un sector de la doctrina considera que la objeción de conciencia no tiene encaje dentro del artículo 16 de la Constitución por entrar en conflicto con el artículo 9 del mismo cuerpo legal, pero tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo, consideran que sí tiene un encaje dentro del ámbito del artículo 16 de la Constitución. Concretamente en sentencia de la Sala 3ª, sec. 4ª, de 16 de enero de 1998, estableció que: «por último, la demanda del recurso 7/87 opone al Reglamento impugnado la ausencia de una regulación de la objeción de conciencia respecto de las prácticas contempladas en las indicaciones de abortos no punibles. Pero si ello constituye, sin duda, un indudable derecho de los médicos, como tuvo ocasión de señalar el Tribunal Constitucional en la reiterada Sentencia 53/1985 (F. J. 14), su existencia y ejercicio no resulta condicionada por el hecho de que se haya dictado o no tal regulación, por otra parte difícilmente encuadrable en el ámbito propio de una normativa reglamentaria, sino que, al formar parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución, resulta directamente aplicable».

Aún así, el Tribunal Supremo no acepta una objeción de conciencia generalizada, que permita desobedecer cualquier ley que creamos contraria a nuestra conciencia. Así pues, un juez no puede ejercer tal derecho al estar sometido exclusivamente al imperio de la ley.

Así las cosas, debemos concluir que la objeción de conciencia (o desobediencia civil), más allá de ser una inconsciencia como nos quieren hacer creer desde el ámbito político interesado en tener ciudadanos obedientes, se erige como un derecho que todo ciudadano tiene en ciertos terrenos y que se encuentra avalado tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo. La lucha ahora debe centrarse en conseguir que este derecho se generalice y que, con la moral (como establece el artículo 1255 del Código Civil en materia de contratos, al hablar de la autonomía de la voluntad) como único límite, se permita a todo ciudadano ejercer su plena libertad, derecho que sí se reconoce expresamente en la Constitución y que su carácter de Derecho Fundamental comporta mecanismos judiciales, como el amparo constitucional, para que esta generalidad sea una realidad.

 

Sergi Gil Bezana

Ad Legem Abogados Esplugues

Colegiado nº 2247 ICASF