La política punitiva de un estado se podría definir a vuelapluma como las respuestas que este estado da a los distintos delitos cometidos por los ciudadanos del mismo. En España, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, hay una predominancia del llamado populismo punitivo.

El populismo punitivo viene caracterizado por una agravación constante de las penas que impone el derecho penal, dentro de un marco de descenso o estabilización de los índices de criminalidad. Este populismo punitivo es utilizado por los partidos en el poder como un claro y efectivo reclamo electoral, como una forma de hacer ver a la ciudadanía que están en la misma sintonía, que se preocupan por el pueblo, y ante situaciones que causan inquietud social, la respuesta del estado y los partidos políticos es hacer ver a los votantes que no dudan en utilizar la mano dura para garantizar la seguridad de los mismos.

Buen ejemplo de ello es la nueva reforma del Código Penal, que lleva aparejadas medidas tales como la prisión permanente revisable, o un sinfín de nuevas agravantes para delitos tales como los hurtos, receptación, etc, y todo ello basado en una supuesta demanda de la ciudadanía, cuando resulta que España es uno de los países de nuestro entorno con una mayor población penitenciaria, y además con uno de los códigos penales más estrictos y que establece unas penas más duraderas para los delitos.

En este populismo punitivo, tienen un papel muy importante los medios de comunicación, que se esfuerzan en transmitir una sensación de inseguridad al ciudadano, para que así los partidos gobernantes puedan justificar en base a este miedo nuevas modificaciones y endurecimientos de las penas ya existentes.

Estos endurecimientos de las penas afectan básicamente a aquellas esferas sociales más desfavorecidas, llegando a ser las penas impuestas, a entender de este Letrado claramente desproporcionadas.

Por poner un ejemplo la pena solicitada para un cliente acusado, presuntamente de robar un trozo de tubería de cobre para venderlo y poder comer ese día, es de 18 meses de prisión. Por presuntamente robar un móvil a un menor, sin utilización de navajas ni otros instrumentos, si no simplemente intimidándolo, se pueden llegar a solicitar hasta cinco años de prisión. ¿No son estas penas totalmente desproporcionadas al hecho cometido? ¿No es chocante esta solicitud tan gravosa de penas, cuando en las altas esferas se roba, hurta, distrae, malversa cantidades ingentes de dinero y nadie entra en la cárcel?

¿No debería nuestro sistema penal estar diseñado por expertos, que en base a sus conocimientos científicos impusieran penas adecuadas y proporcionales al hecho cometido, en vez de dejar la determinación de estas penas a la utilización electoralista que realizan los partidos? ¿ No sería eso más justo?

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Javier Martínez Martínez

Ad Legem Abogados Esplugues

Colegiado nº 2240 ICASF